Hace veinte años estuve participando activamente en la campaña política como candidato a diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC). En aquellos años me sentía orgullo de ser fundador y parte de una esperanza política para Costa Rica. Hoy no pienso lo mismo.  A pesar de que aún cuento con muy buenos amigos dentro de esa agrupación política y hay gente muy valiosa para los intereses de la patria, lo cierto es que el PAC ya no debería ser parte de la nómina de partidos políticos, y la razón es muy sencilla: la defraudación al Poder Supremo de Elecciones y al pueblo costarricense, es la mayor afrenta a sus propios principios de ética, y la ética era la bandera que enarbolaba esta agrupación política.

            Como parte de la campaña política había que preparar el material propagandístico, como fotografías y videos. Fue así, como una mañana se nos convocó a todos los candidatos a las diputaciones para una sesión fotográfica, y a alguien se le ocurrió, que era una gran oportunidad para firmar el Código de Ética. Algunos protestamos, precisamente porque el documento no se había analizado ampliamente. Ante las protestas, se impuso la tesis de que, de todas formas, los firmas aparecen en las últimas páginas y si hubiera necesidad de cambiar algo, se cambiaba y no era necesario volver a solicitar las firmas.

            Me preocupaba, particularmente, que el Código de Ética, contenía un artículo que no estaba bien redactado, pues era abusivo u omiso. El artículo decía “los diputados no podrán utilizar vehículos oficiales”. Para mi era abusivo ya que la función de un diputado corresponde a un servicio remunerado que presta como funcionario público y, por tanto, tiene derecho a utilizar el transporte que le provee el Estado para el ejercicio de sus funciones. La otra premisa era que la redacción contenía un “error de omisión”, puesto que lo que debería decir era que “los diputados no utilizarán los vehículos oficiales con fines particulares”. Sin embargo, la discusión de dicho código perdió importancia una vez que lo firmamos.

            Llegaron las elecciones y, por fortuna, no quedé electo como diputado. Digo por fortuna porque lo que se vino para la fracción del PAC, durante el primer año, fue traumático.

            Dos meses después de pasadas las elecciones y a un mes de que los diputados electos asumieran sus funciones, ya sin el compromiso de tener que cumplir con un código de ética que me tenía insatisfecho, redacté una carta y la envié al Comité Ejecutivo del PAC, alertando de ese abuso o omisión en el código de ética. Sin embargo, no ocurrió nada dentro de partido.

            Un año después, mientras Quírico Jiménez, ingeniero forestal, acostumbrado a hacer giras de campo para el reconocimiento de ecosistemas, hábitats y especies forestales, hace una gira a la zona sur de Costa Rica, en su carácter de diputado, en un vehículo oficial y es sorprendido por un periodista que hace público el hecho, con lo cual se desata un cisma dentro de la fracción del PAC y seis diputados deciden separarse del partido y se declaran como diputados independientes.

            La liebre saltó exactamente por donde lo habíamos sospechado. Entré en un conflicto existencial, y me preguntaba ¿Y yo qué hubiera hecho? ¿También me hubiera declarado independiente? La respuesta es que si había firmado el Código de Ética y no había hecho lo suficiente para corregirlo, lo que me quedaba era aguantarme el escarnio público,  asumir las críticas y enmiendas por parte del partido, incluyendo, probablemente, la renuncia al partido.

            A pesar de que ya nada tenía que ver con el Código de Ética, sí me sentía comprometido con el partido,  pero especialmente con los electores, tanto como fundador como firmante de un código. Fue entonces, cuando hice un análisis del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el Código Electoral y la Constitución Política, con el objetivo de indagar acerca de la figura de “diputado independiente”, y la sorpresa fue que esa figura no aparecía, ni por asomo, en ninguno de los tres institutos jurídicos.  Al contrario, lo que establecen es que los diputados del mismo partido deben agruparse a una fracción parlamentaria.

            El documento se lo envié al Comité Ejecutivo del partido, con varias recomendaciones en relación con los diputados disidentes, entre ellas: 1) que se reintegraran a la fracción del PAC; 2) que se unieran a una fracción parlamentaria de otro partido; y 3) que renunciaran a su puesto como diputado. En relación con esta última opción, en la misma nota anunciaba mi renuncia a aspirar a una curul, puesto que si don Humberto Arce, uno de los disidentes y representante de la provincia de Alajuela, decidía renunciar al partido, el suscrito lo sustituiría. No pasó nada dentro del partido y el asunto quedó en el olvido.

            Sin embargo, el desorden que imperaba en la Asamblea Legislativa con ocho diputados independientes (seis del PAC, uno del Movimiento Libertario y otro de Renovación Costarricense), agitaban el abejón que tenía en el buche. Cada diputado, si quería, podía formar una fracción parlamentaria.  Entonces le escribí a don Gerardo González, coterráneo de Grecia, quien ejercía como presidente de la Asamblea Legislativa para que revisara mis argumentos y pusiera orden, con una única petición: que me informara haber leído el documento y, de no recibir respuesta, acudiría a la Sala Constitucional. No recibí respuesta y así lo hice. El abejón seguía en el buche.

            Dentro de mis argumentaciones para que los diputados no se declararan  independientes estaban: 1) el mecanismo establecido por la legislación costarricense para llegar a ser diputado, es a través de un partido político; 2)  los partidos políticos responden a una ideología en particular; 3) los partidos políticos también responden a la división político-administrativa del país, es decir, los electores de cada provincia solo pueden elegir a los diputados de su propia provincia; una vez que ha sido electo, el mecanismo de funcionamiento de la Asamblea Legislativa es a través de un directorio, que está conformado, en primera instancia, por partidos políticos y sus representantes. Por eso la luchas intestinas de poder cada 1º de mayo para conformar ese directorio; y, 4) así mismo, los partidos se agrupan en fracciones parlamentarias que reúnen a los diputados del mismo partido.

            Todo parece ser así de simple y claro. Pero en la realidad no lo es.

            De acuerdo con la Sala Constitucional, un diputado no representa una ideología política, ni un partido político, ni una provincia y, ni siquiera, a sus propios electores; y sus opiniones las emite de acuerdo a su leal saber y entender, pero además, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución Política, tampoco es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Es decir, toma sus decisiones según su propia opinión, pero además, tampoco es responsable de esa opinión.

            Y esto aplica, guardando las distancias correspondientes, para todos los puestos de elección popular. Un alcalde, tampoco representa un partido político y ni siquiera a sus propios electores, como tampoco lo hacen los regidores y síndicos, incluso el propio presidente de la República. Por esta razón, una vez que el presidente electo asume el puesto, éste se quita las vestiduras del partido político que lo llevó al poder. Sin embargo, el gobierno sí es del partido. En otras democracias, el partido en el poder es el que lo ejerce a través del representante popularmente electo. Si bien dirige los destinos de toda la nación, de todos los ciudadanos, no se desprende del partido. Así, los republicanos, por ejemplo, defenderán su ideología y su partido, frente a los demócratas. Pero aquí no. Aquí cada ciudadano electo popularmente hace, como se dice popularmente, “como le ronca el eje”, y sin ningún problema. Y, por fin, el abejón salió del buche y nunca más me volví a involucrar en la política partidista, aunque cada cuatro años sigo acudiendo a las urnas. (Ver expediente No. 05-000804-0007-CO).