El año 2022 ha sido particularmente lluvioso, esta situación detonó una serie de deslizamientos de taludes, colapsos de redes de alcantarillado, inundaciones, deterioro de las superficies de ruedo en asfalto, concreto o lastre y en consecuencia accidentes viales, cierre de vías y un enorme costo para la recuperación de la infraestructura vial costarricense que se prolongará por varios años.

Este particular invierno, ha dejado al descubierto el mal estado de las vías en su integralidad, más allá del problema causado por los cierres temporales, la pérdida de continuidad del servicio y las pérdidas económicas e incomodidades, ha sido mucho más evidente la inexistencia de mantenimiento en los sistemas de drenaje, limpieza de bordes, falta de elementos mínimos de seguridad vial e improvisación frente a las emergencias por falta de mecanismos de respuesta planificada frente a los riesgos que se han materializado.

El derecho de vía, constituye uno de los activos más valiosos de la sociedad, permite la comunicación, abastecimiento y el transporte de personas y mercancías entre los pueblos. El derecho de vía, además de contener en su sección típica algunos metros de calzada de ruedo vehicular, también contiene cunetas, alcantarillas y soluciones a los desfogues pluviales, así como espacio para las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Parte fundamental son las aceras para el tránsito peatonal, los espaldones para atender situaciones que se presentan a los vehículos y medidas de seguridad, las bahías para las paradas de autobús, y por supuesto que los sistemas de posteado y canalizaciones subterráneas que permiten los cableados de potencia, voz, datos y alumbrados públicos.

Respecto de este importante bien, existe basta legislación, desde la Ley General de Caminos Públicos, la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, la Ley de Construcciones y su Reglamento, los Planes Reguladores Cantonales y diferentes Códigos y Normas de Diseño Vial atinentes a los elementos que conforman el derecho de vía, tales como su estructura de pavimento, su diseño geométrico, las redes de servicios públicos, las aceras y demás componentes. Respecto de las mismas, la inobservancia de la normativa es más que evidente, para una persona con capacidades limitadas de movilidad, desplazarse por nuestras ciudades y barrios resulta casi imposible, y es aquí donde surge lo que para mi es la principal razón del estado de situación actual de nuestras vías, el irrespeto de lo público en beneficio de los intereses individuales, sumado a la ausencia de autoridad ya sea Nacional o Local según se trate de la Red Vial Nacional o de la Red Vial Cantonal.

A principios de los noventas el problema era notable en mantenimiento a nivel nacional, surgió la Ley 8114, se creó un impuesto especial a los combustibles, se creó el CONAVI y asignó a este un rol fundamental para el mantenimiento de la Red, luego vinieron reformas, se asignó parte del presupuesto a las Municipalidades para el mantenimiento de la Red Vial Cantonal, esto como parte de la primera ley de transferencia de competencias que ha sido exitosa a nivel local, sin embargo a nivel nacional se ha desvirtuado los fines del CONAVI, ejecutando obra nueva y desatendiendo el mandato original del mantenimiento para lograr Niveles de Servicio aceptables y cuya finalidad debe poner la seguridad del usuario de la Red como prioridad.

Las invasiones al derecho de vía son de toda índole,  rótulos en media calle que restan visibilidad y obstruyen el paso, entradas vehiculares a predios particulares que cortan la continuidad vial, obstruyen alcantarillas e impiden el paso de la aceras con la prioridad que la normativa indica para el paso de las personas, vehículos mal estacionados o que han tomado el derecho de vía como parqueo permanente, postes mal ubicados en media acera o dentro de los carriles de ruedo vehicular y finalmente un elemento que posiblemente a todos nos conmueve pero que causa muertes, accidentes y muchísimo dolor de manera permanente y un alto costo operativo a los proveedores de servicios de electricidad, y son los árboles que han crecido sin control ni estrategia dentro del derecho de vía, estos no sólo causan tremendo daño al asfalto o superficie por la conservación de humedad en épocas de invierno, sino que también sus raíces dañan las redes subterráneas, las ramas y hasta árboles enteros caen sobre las calles, y cuando un vehículo pierde el control no pocas veces a terminado en un choque de frente contra un árbol en el espaldón. Este último tema genera discusión torno al amor por la naturaleza que los costarricenses hemos incorporado a nuestra cultura actual, pero lo cierto es que el derecho de vía tiene un propósito especial, que el mismo debe cumplirse y que la seguridad vial de los usuarios debe resguardarse, y en tal sentido la reforestación de espaldones debe hacerse con una adecuada selección de especies que no contravengan los principios fundamentales de seguridad requeridos para los niveles que correspondan a nuestras vías según las velocidades y estándares de diseño correspondientes.

Urge que las autoridades cumplan su tarea y hagan respetar la ley, que retiren rótulos, rompan entradas, giren órdenes y mandatos a propietarios y que se haga una Gran Campaña Nacional por el rescate del derecho de vía, llamémosle derecho de vía democrático, donde todos tenemos un espacio y por lo tanto debe gobernarse por el principio del respecto a los demás y cumplimiento de la normativa vigente. Esto nos incumbe a todos, ciudadanos, gobiernos locales y al gobierno central quienes podrían emanar políticas locales y nacionales, resaltar y hasta generar incentivos a los vecinos y comunidades que den el mejor mantenimiento los bordes frente a calle de sus propiedades.