Costa Rica está en proceso de elección presidencial. Como en todo proceso existen muchas corrientes de pensamiento en el ambiente con el objetivo de redefinir los procesos políticos, económicos y sociales para el siguiente periodo presidencial y parlamentario. Sin embargo, en esta elección presidencial, lo que se experimenta es la violencia con que las élites costarricenses quieren mantenerse en el poder para seguir siendo prósperos con la producción de todos los costarricenses que no forman parte ellas.

Costa Rica ha poseído desde finales de la década de los cuarenta un sistema de castas perfectamente maquillado para que sea sólo un grupo político y partidario el que se beneficie de ella. Costa Rica, por su diseño de desequilibrios estructurales, demuestra que nunca alcanzaría niveles de desarrollo altos porque necesitaba que existiera pobreza, inseguridad, desempleo y problemas de infraestructura para que las castas hicieran política cada cuatro años. Para muchos políticos de partidos tradicionales la foto de ellos visitando los tugurios con gente vulnerable eran coleccionables.

En Costa Rica la gente que vive más segura es la gente que ha vivido del Estado, los privilegios públicos para ellos son algo natural. Ellos han provocado una distorsión económica porque modifican todo el sistema de distribución de la riqueza, desigualdad, inversión y claramente producción. Las elites públicas costarricenses no quieren reconocer que ellos son DEUDA.

Las élites públicas costarricenses no entienden que son el problema. Tampoco entienden que el término “institucionalidad” es otra cosa y no ellos, su grupo y sus intereses.  Las actuales luchas de poder entre esas élites públicas llamadas por ciertos “institucionalidad” con el gobierno demuestran su incapacidad de reconocer que su tiempo en esta realidad económica, política y social ha terminado. La crítica social para ellos cada vez es mayor mientras creen que con sus argumentos institucionales pueden eliminar la crítica social. Lo cierto es que ahora se han convertido en un grupo marginal.

Costa Rica no es un fenómeno aislado, es parte del síntoma global donde las sociedades están despiertas reclamando lo que siempre fue de ellos: Riqueza, oportunidades, grandeza, libertad, salud, educación y lo más importante visión a futuro. Miles de millones de personas trabajan para que unos pocos tengan vidas tranquilas y rentables.

 

La deuda pública bien empleada ha sido una de las más grandes invenciones económicas de la humanidad. Su existencia permitió a las naciones financiar guerras, sostener imperios, edificar infraestructuras y mitigar las crisis más profundas. Fue, durante siglos, la herramienta que dio forma a los sueños de grandeza y progreso. Pero como toda fuerza creadora, también lleva en sí misma su semilla destructiva: el riesgo de la complacencia, de vivir del crédito infinito, de hipotecar el futuro para mantener la ilusión del presente.

La deuda no es un mal en sí misma. Es un contrato de confianza, una proyección de futuro. Permite distribuir el costo del desarrollo a lo largo del tiempo, financiar la innovación y sostener el bienestar. Pero esa confianza tiene un límite, y hoy, las cifras demuestran que el mundo lo está alcanzando.

Cada presupuesto nacional se ha convertido en una negociación entre la supervivencia política y la disciplina fiscal. Reducir gasto implica tensiones sociales; mantenerlo, el riesgo de colapso financiero. El problema son las ineficiencias y privilegios que se derraman para los que forman parte de esas estructuras de gestión.

Frente a esta realidad, la reestructuración del Estado se vuelve inevitable. No se trata de recortes arbitrarios, sino de una reinvención completa del aparato público. Digitalizar la burocracia, fusionar instituciones redundantes, auditar programas de bajo impacto y fortalecer la transparencia son condiciones mínimas para recuperar credibilidad y liberar recursos hacia sectores productivos. Es posible reducir el gasto público sin debilitar el bienestar social, siempre que se sustituya el despilfarro por eficiencia y los privilegios por mérito.

Durante las últimas tres décadas, el sistema financiero internacional ha vivido bajo la ilusión de estabilidad. Los bancos centrales creyeron dominar los ciclos económicos mediante políticas expansivas, mientras los gobiernos confiaban en que el endeudamiento perpetuo podía sostener el bienestar y el crecimiento. Esa ilusión se desvanece. La deuda pública se ha convertido en el nuevo campo de batalla del poder global, una frontera invisible que marca el fin del orden económico nacido tras la Segunda Guerra Mundial.

Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mundial asciende a 97 billones de dólares, equivalentes al 93% del PIB (Producto Interno Bruto) global aproximadamente, y podría superar el 100% antes de 2029. En Estados Unidos, la deuda nacional rebasa los 34 billones, con un déficit fiscal superior al 6% del PIB y pagos de intereses que ya superan el billón de dólares anuales. Este monto excede el presupuesto combinado de educación, infraestructura y ciencia. La potencia que alguna vez exportó estabilidad hoy financia su hegemonía con deuda, y eso erosiona su margen de maniobra global.

 

En Europa, la combinación de inflación estructural, gasto militar y crisis energética ha destruido el equilibrio que sostenía la Unión. Alemania ha roto su disciplina fiscal; Francia y el Reino Unido se acercan al 110% de deuda sobre PIB, y el rendimiento de los bonos soberanos alcanza máximos de dos décadas. La política monetaria europea ya no estimula: asfixia. El gasto en defensa, impulsado por la guerra en Ucrania, acelera la presión sobre presupuestos públicos exhaustos. El continente que alguna vez dictó las reglas financieras ahora lucha por sobrevivir dentro de ellas. Estados Unidos domina a Europa.

La deuda dejó de ser un instrumento económico: hoy es una restricción geopolítica. Su peso limita la capacidad de respuesta de los Estados ante la desafección social, la inseguridad y la disrupción tecnológica. La fractura económica es histórica porque la Inteligencia Artificial ya está provocando destrucción de sectores mientras nacen otros muy agresivos y autónomos.

Las grandes economías enfrentan a poblaciones que demandan protección, subsidios y estabilidad, mientras los márgenes fiscales se agotan. La política se ha vuelto una administración de déficits; el liderazgo, una gestión del colapso. El precio del oro demuestra que existe necesidad de gobiernos y bancos centrales de tener valores de refugio.

Las potencias emergentes tampoco escapan. China acumula pasivos ocultos en gobiernos locales y empresas estatales que podrían llevar su deuda real por encima del 140% del PIB. El modelo exportador que sostuvo su ascenso pierde dinamismo en medio de tensiones comerciales con Washington y una población que envejece más rápido de lo previsto.

En América Latina, la historia se repite: se recurre al crédito externo para sostener el gasto interno, sin generar capacidad productiva. El resultado es un círculo de dependencia que convierte la deuda en un mecanismo de control más que en una herramienta de desarrollo.

El sistema financiero internacional entra así en una fase de fatiga estructural. Las tasas de interés elevadas y la inflación persistente han desnudado la fragilidad de un modelo basado en crédito barato y expansión monetaria sin respaldo. Las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) emergen como respuesta técnica y política a la pérdida de confianza en el dinero fiduciario. Al mismo tiempo, el yuan y los sistemas de compensación alternativos impulsados por las potencias emergentes (BRICS)  buscan erosionar la hegemonía del dólar. Lo que está en juego no es solo la moneda de reserva global, sino el poder de definir las reglas del comercio, la deuda y la legitimidad.

Este proceso no es únicamente económico: es civilizatorio. La deuda delimita la nueva jerarquía de naciones. Los países que logren reducir su exposición, diversificar su producción y proteger su soberanía monetaria serán los nuevos centros de poder.

Aquellos que permanezcan atrapados en el endeudamiento perpetuo quedarán sujetos a la disciplina de los mercados y las instituciones multilaterales. En el siglo XXI, la autonomía se medirá en términos de solvencia.

Europa, además, enfrenta un dilema de seguridad que profundiza su fragilidad. La guerra en Ucrania, la amenaza rusa y la expansión de la OTAN han reconfigurado su política exterior y fiscal. Cada euro destinado a defensa es un euro que se resta a la cohesión social. En un continente envejecido, con tensiones migratorias y crisis energéticas recurrentes, la deuda se convierte en un riesgo existencial.

La historia demuestra que las grandes transiciones de poder mundial surgen tras las crisis de deuda. La hegemonía británica se consolidó después de las guerras napoleónicas; la estadounidense, tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy asistimos a otro momento de ruptura. El modelo de crecimiento financiado por crédito llega a su límite, y con él, el orden político que lo sostenía.

El mundo se aproxima a una transformación profunda: económica, política, social y geoestratégica. La deuda ya no es solo un indicador macroeconómico; es el nuevo eje de la competencia global. En ella se decide quién conservará el poder de emitir, de negociar, de imponer condiciones y de resistir la presión de los mercados. El siglo XX fue el de la expansión del crédito. El siglo XXI será el del ajuste del poder.

Costa Rica en medio de este entorno está naciendo y modificando su ADN. Las élites que siempre vivieron con estabilidad creen que pueden sobrevivir a estos cambios pero no quieren reconocer que en la Costa Rica del futuro ya no hay espacio para ellos.

Última actualización: 17/10/2025